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Consecuencias de la crisis: morosidad en pymes y autónomos - Morante Asesores

Los impagos de empresas (públicas o privadas) han terminado arruinando a muchos pequeños empresarios y autónomos que han visto como su pequeño negocio se desmoronaba ante ellos sin que pudieran reclamar nada a nadie. Un sistema que no pena estas actitudes y una cultura en la que no está mal visto que alguien no pague sus deudas han desembocado en esta situación. ¿Qué podemos hacer ante esta situación?

Según la normativa propuesta por la Unión Europea, la ley española recoge el límite del plazo de pago de las facturas a un máximo de 30 días en el sector público y de 60 días en el sector privado. Eso es la teoría, puesto que en la práctica, ni las empresas privadas ni la Administración pública cumple con lo legislado. Según estudios de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el plazo medio de pago de la Administración pública oscila entre los 82 y los 154 días, mientras que el plazo de pago de las empresas privadas es de 89 días. En cuanto a las empresas que cotizan en Bolsa (sin contar con el sector financiero), pagar a los 193 días mientras que cobran a los 90 días. De esta forma, la factura pendiente se dispara hasta cotas altísimas.

La solución ideal para pymes y autónomos que trabajan con estas empresas es que paguen en los plazos que obliga la ley, pero como no hay nadie que controle al moroso ni lo sancione, esta situación está en un limbo legal del que salen mal parados los más débiles del sistema económico. Este marco normativo provoca que el agravado (la pyme o el autónomo en este caso) tenga una indefensión absoluta ante el que no quiere pagar sus deudas en plazo o directamente, ni siquiera las abona finalmente. No son pocos los casos en los que empresas familiares o autónomos que llevan toda su vida trabajando se han visto obligados a cerrar su pequeño negocio y asumir las deudas que contrajeron por los encargos (impagados) de otros.