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¿Qué prohíbe la ‘Ley Mordaza’ en Internet para las empresas y usuarios?

Una de las leyes que más confusión y debate ciudadano ha provocado es la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, que entró en vigor hace unos años. Esta normativa se integra en todos los ámbitos, y uno de ellos es Internet, donde las empresas tienen presencia. ¿Pero realmente sabemos qué conlleva y cómo afecta a los negocios?

Una de las acciones que lleva a cabo esta ley son los castigos por delitos contra la propiedad intelectual. El artículo 270 establece hasta cuatro años de privación de libertad en este tipo de delitos. Ejemplo de ellos puede ser el plagio o poner públicamente algo sin el consentimiento del titular. Además, las penas de prisión podrían ser de hasta seis años.

Está prohibido además publicar cualquier tipo de información gráfica sobre cuerpos del Estado. En caso de hacerse, las multas irían desde los 600 euros hasta los 30.000, para dar seguridad este sector y no poner bajo peligro su integridad y la de sus allegados.

Acceder de manera habitual a los contenidos delictivos es motivo de castigo, según informa esta ley, que cree que es una forma de incentivar a que sigan existiendo por la red. Por tanto, es importante tener cuidado y comunicarlo a todo el equipo.

Se debe tener cuidado, además, con las protestas en las redes sociales, ya que el artículo 30 explica que aquellas empresas o personas físicas que lo hagan ‘se considerarán organizadores o promotores’. Se definen como ‘quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por manifestaciones orales o escritas que se difundan, por lemas, banderas u otros signos’, ostentan y alientan.

Asimismo, obviamente las situaciones de subversión de orden constitucional o desestabilización del funcionamiento de las instituciones políticas que alteren la paz pública son motivos más que suficientes para que se considere acto terrorista.

Y, por último, se debe prestar especial atención a las páginas webs, ya que todo incumplimiento de la ley conllevará una sanción que se dirigirá tanto a las propias compañías, como a las empresas externas que ayuden a crearlas.

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