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Ventajas de la Ley de Segunda Oportunidad - Asesorías para Empresas

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que permite a particulares y autónomos deudores renegociar sus deudas o librarse de parte de ellas. Este procedimiento está ideado para que las personas físicas, con o sin actividad empresarial, puedan superar una situación de insolvencia grave o quiebra.

De su regulación se encarga el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Cuál es el objetivo de la ley de Segunda Oportunidad

El objetivo principal es ofrecer auxilio a aquel que probadamente ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está viviendo un bache económico. Esto no quiere decir que una persona física se vaya a librar con cierta ligereza de unos pagos que debe asumir, ya que esta ley también protege los derechos de cobro de los acreedores.

Es cierto que las personas físicas ya contaban con la posibilidad de acudir al concurso de acreedores. Pero la realidad es que este nuevo mecanismo de segunda oportunidad se ajusta más a sus intereses y constituye un instrumento ideal para atravesar una situación apurada.

De esta manera, al intentar salvar en la medida de lo posible el cobro y no descuidar los intereses del individuo esta ley cumple una doble función. No obstante, no está al alcance de cualquiera y para poder acogerse a ella se han de reunir una serie de condiciones.

Para acogerse a esta ley hay que cumplir ciertos requisitos:

  • El deudor debe justificar que no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a sus deudas.
  • La cantidad adeudada no puede superar los cinco millones de euros.
  • Las deudas deben haber sido contraídas actuando de buena fe. Este concepto es muy amplio y da pie a nuevas premisas que han de cumplirse para tomar una decisión.

Para determinar esta conducta se revisan otra serie de condiciones.

En primer lugar, es obligatorio que haya existido un intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. También es necesario que el deudor no haya sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social. Por último, es necesario que la persona no sea declarada culpable en el concurso de acreedores.

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